jueves, 25 de abril del 2019

USB tendrá actividades académicas y administrativas jueves y viernes

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El Consejo Directivo de la USB, reunido en sesión extraordinaria del 25 de febrero del presente año, y con el objeto de prestar apoyo en la orientación de la vida del país, se dirige a la opinión pública nacional e internacional sobre los graves acontecimientos ocurridos en el país desde el 23 de febrero de 2019.

Considerando

– Los graves y dolorosos eventos acontecidos en territorio nacional el 23 de febrero pasado, específicamente en la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil.

– El definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana de la Universidad Simón Bolívar, en el marco de sus principios rectores.

– La crítica situación económica, social y política que atraviesa Venezuela y que afecta de manera directa la calidad de vida y bienestar de sus ciudadanos, tal como se denunció en el Acta 2018-05 del Consejo Directivo en su Sesión Extraordinaria del 21 de marzo de 2018.

– Que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, y por lo tanto deben ser respetados por los cuerpos de seguridad del Estado a fin de garantizar la dignidad y derechos humanos de todas las personas.

– La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 10 /12/1948, que consagra el derecho a la vida, libertad de pensamiento, de conciencia, libertad de opinión y expresión, así como también de los derechos humanos de 2da, 3era y 4ta generación, tales como: la salud, al agua, el derecho a la alimentación y educación adecuada.

– Que de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado el 17 de julio de 1998, uno de los actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad es el Exterminio, que comprenderá “la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

– El respeto a los pueblos Indígenas y la garantía de sus derechos consagrados en la legislación nacional;

Resuelve

1. Deplorar la violencia y amedrentamiento de la que han sido objeto las poblaciones fronterizas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos de paramilitares armados afectos al régimen, dejando un lamentable saldo de al menos catorce ciudadanos asesinados y centenares de heridos.

2. Elevar la voz por las poblaciones indígenas de la etnia Pemón completamente desarmadas, que están siendo atacadas con armas de fuego, han sufrido asesinatos y han tenido que huir a las montañas para guarecerse, sólo por intentar mantener abierta la frontera con Brasil y así acceder a la ayuda humanitaria proveniente del vecino país.

3. Denunciar la grave crisis humanitaria de la que es objeto la población venezolana, por la escasez, elevados costos de alimentos y medicinas, exiguos salarios que le impiden el acceso a éstos, así como rechazar categóricamente y calificar como crimen de lesa humanidad el bloqueo de la ayuda humanitaria y su evidenciada incineración en territorio nacional por parte de fuerzas de seguridad venezolanas.

4. Exigir al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, en especial a CONATEL, cese la censura, garantice el derecho a la información diversa, tal como establece la Constitución Nacional y la Ley, en los medios de comunicación tradicionales y alternativos (televisoras, radio y prensa), así como la transmisión de los sucesos nacionales con transparencia, veracidad y compromiso ético. De igual forma, exigir el cese del bloqueo o desconexión de canales de televisión internacional, transmitidos por cable, como arma de control de opinión.

5. Exhortar a los miembros de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional a garantizar la vida de los ciudadanos venezolanos, a respetar la Constitución Nacional y a asumir la responsabilidad institucional que le demanda la Asamblea Nacional.

6. Reiterar nuestro apoyo a la Asamblea Nacional como el único Poder Público Nacional con legitimidad de origen y reconocimiento internacional, apegado a la ley y con la autoridad constitucional suficiente para trazar la ruta que permita retomar el estado democrático a fin de garantizar un futuro pacífico y próspero para el bien de todos los venezolanos, tal como acordó anteriormente el Consejo Directivo en fecha 21 de enero de 2019.

7. Reafirmar nuestro compromiso con la Universidad venezolana, su autonomía y sus principios en la defensa de la pluralidad de pensamiento y de la libertad como valor fundamental para colaborar en el desarrollo de la nación, por lo que ponemos a disposición el potencial intelectual y académico para la restitución del orden constitucional y la reconstrucción institucional y productiva del país.

8. Difundir este pronunciamiento a los medios nacionales tradicionales y alternativos, así como comunicar estas decisiones a las embajadas de los países del mundo e instituciones multilaterales. NP // Agencia.

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