El 29 de diciembre de 2005 se declaró una medida a favor del Internado Judicial de Oriente, conocido como cárcel La Pica, por violación en materia de derechos humanos, era para aquel tiempo la cárcel más peligrosa del país, la declaración era para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad.
Los hechos en que se fundamentó esta decisión se basaron en que existía una grave situación en
el sistema penitenciario venezolano. Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2005 se
produjeron aproximadamente 425 muertes y 657 heridos en incidentes de violencia en las cárceles
venezolana. En el Internado La Pica se registraron en el 2005 un saldo de 43 muertos y al menos
25 heridos graves, lo cual constituye más del 10% de las muertes violentas registradas en el
sistema penitenciario a nivel nacional.
Debido a una serie de amotinamientos, alegaciones de tortura, muertes y lesiones ocurridas
durante el año de 2005, los internos en La Pica están sujetos a riesgos que se acrecentaron. Las
autoridades realizaron varias requisas en el Internado La Pica, en las cuales se incautaron varias
armas, cartuchos de bala, proyectiles y drogas.
Fueron permanentes las denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades
llamadas a garantizar el control del Internado.
El área de reclusión del Internado cuenta con 3 pabellones, sin embargo, se presentan tres
situaciones que dan lugar a hacinamiento: a) celdas destruidas, que están totalmente
inhabilitadas; b) celdas individuales, de las que se han apropiado los cabecillas de los grupos de
internos que controlan el penal, conocidos como pranes (o líderes dentro de su propia población),
quienes mantienen su control a través del uso de armas; y c) población que no puede vivir en el
área de reclusión general porque su vida corre peligro y se ve obligada a vivir hacinada, en lugares
improvisados en el Internado.
Las celdas colectivas están construidas para albergar a 7 personas pero cada una alberga hasta 15
internos en la actualidad.
El anexo de mujeres destruidas , violaciones sin responsables
El Internado cuenta con un anexo improvisado, cercano al área administrativa, estuvieron
recluidas mujeres privadas de libertad en condiciones de vida deplorables hasta que las paredes de ese anexo fueron destrozadas por los propios internos y se produjeron violaciones de las internas,
es uno de los hechos más deplorables que ocurrieron en una cárcel nacional.
En este anexo improvisado vivieron de 22 a 24 mujeres distribuidas en tres cuartos que no tenían
las condiciones para alojar personas. Las mujeres dormían en el piso o sobre cartones y el único
baño del que disponian para su aseo y hacer sus necesidades es un baño pequeño, con una sola
letrina, con aguas negras colapsadas de manera casi permanente. Ello hace que permanecieran
con olores intolerables y que las aguas potables se mezclaran con las negras. En el baño estaba el
foco principal de ratones y de ratas, los presos se mezclaban sin control y las mujeres sufrieron
violaciones o se prostituían.
Las condiciones de La Pica
Las personas recluidas en el Internado vivían en condiciones inaceptables que generaban o
agravaban tensiones, tales como las siguientes:
En los pabellones, los internos carecían de mesas y la luz la obtenían conectando cables
improvisados porque no había lámparas ni bombillos en las celdas.
En cada pabellón había un baño, inicialmente construido para prestar los servicios sanitarios y los
servicios de ducha para todos los internos recluidos. Actualmente esos baños carecen de tasas
sanitarias y los internos se ven obligados a hacer sus necesidades en un hoyo o hueco que
comparten. Las regaderas para la ducha han sido todas destruidas y las autoridades tampoco les
proveen de jabones. Adicionalmente, las cañerías de aguas negras permanecen colapsadas y no
hay bombeo de agua tratada;
Durante el año 2005 fecha en que se produjo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos los internos de La Pica habian realizado varias huelgas de hambre para protestar por la
falta de seguridad en el interior del establecimiento y las deficientes condiciones de detención a
las que son sometidos los internos, quejarse de los maltratos y/o reclamar por los retardos
procesales y traslados intempestivos.
A partir de una huelga de hambre en el mes de mayo de 2005, en la que 59 niños y niñas
permanecieron encerrados en el Internado junto con los internos, el Tribunal Superior de Menores
del estado Monagas prohibió el ingreso de niños y niñas al Internado, hasta tanto no se construya
en el Internado un lugar apropiado para recibir las visitas de los niños y las niñas, como una forma
de garantizar que no queden retenidos durante motines o huelgas de hambre. Esto ha
determinado que desde el mes de mayo de 2005 los padres que estaban recluidos en el Internado La Pica no pudieran ver a sus hijos.
Las mujeres visitantes en el Internado son sometidas a requisas, y son
obligadas a desnudarse, saltar o hacer brincos en cuclillas antes de ser autorizadas a entrar en el
respectivo pabellón.
Para finales del 2005 se encontraban en el Internado La Pica 501 internos, de los cuales 363
estaban imputados y 138 se encontraban condenados, sin que exista la adecuada separación de
los mismos.
La llegada del pranato
Esta situación corresponde al 2005 mucho antes de que en Venezuela se instalara el pranato, y La
Pica no escapa de esto. Los cabecillas de bandas criminales también han establecido sus reglas y
controles, bajo la mirada de los agentes de seguridad.
En diciembre de 2022, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización defensora de
los derechos humanos de las personas privadas de libertad, aseguró que los pranes, como son
conocidos los cabecillas de bandas que operan desde las cárceles del país, manejaban anualmente
alrededor de 4 millones de dólares.
Fuentes extraoficiales le confirmaron al OVP que el dinero que ganan los pranes proviene de
economías delictivas, como el cobro de deudas e impuestos por extorsiones y por el servicio de
“seguridad” que le ofrecen a otros reclusos dentro de los distintos recintos carcelarios.
Generalmente, las “causas” pueden llegar a costar entre 10 y 50 dólares, según estima el OVP;
esto va a depender del “servicio” que requiera el reo. Ninguna de las cárceles intervenidas han
logrado capturar a los pranes que según dicen son alertados por las propias autoridades, En La
Pica la cosa se complica por los presos políticos ubicados en el Nelson Mandela.
Ernestina Herrera