El Congreso chileno despachó este martes dos proyectos de ley que refuerzan el control migratorio: el primero de ellos da más facultades a las policías para identificar a personas en situación irregular, y el segundo amplía los plazos de expulsión de 48 horas a 5 días.
La iniciativa, que concluyó su último trámite constitucional en el Legislativo, dota a funcionarios de Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) con nuevas herramientas para identificar a personas migrantes con situación irregular, incluyendo además a extranjeros con permisos de residencia vencidos.
Por otro lado, se despachó un proyecto de reforma constitucional que modifica la carta fundamental en materia de regulación migratoria, aumentando los tiempos de expulsión establecidos al momento de detener a una persona sin documentación en regla.
“Uno de los proyectos es una discusión inmediata que el Ejecutivo puso a una reforma constitucional que va a habilitar para que posteriormente cambiemos la ley y cuando se hacen procesos de expulsión haya más tiempo para hacer efectivo este trámite. Hoy solo son 48 horas y ese plazo es muy breve”, explicó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
“El segundo proyecto le va otorgar a Carabineros la posibilidad de colaborar en las labores de control de migraciones. En la actualidad no puede hacerlo y cuando detecta situaciones irregulares no tiene atribuciones para traspasarle el caso a la Policía de Investigaciones”, agregó la secretaria de Estado.
Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido en su intento por cruzar los bofedales (humedales) de la zona fronteriza norte del país.
Colchane, con casi 1.600 habitantes, ha sido el epicentro de una extendida crisis migratoria y en pleno altiplano a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, regatean los escasos controles para llegar a Chile.
La precaria infraestructura comunal ha estado desbordada en múltiples ocasiones por las oleadas migratorias, en su mayoría compuesta por ciudadanos venezolanos cuyo éxodo, de casi 6 millones, se compara con otros como la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental.
La migración irregular no era un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a julio de 2021 la cifra se ha multiplicado por 57, pasando de 415 a más de 23.000 personas, en su mayoría venezolanas, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM).
A fines de febrero, Chile inició un despliegue militar en los puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia durante 90 días con miras a aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona.
A la fecha, según cifras oficiales, casi 1,5 millones de extranjeros viven en Chile -mayoritariamente venezolanos y peruanos-, dato que no incorpora a los ciudadanos que no están regularizados en el país.
Con información de EFE