El Gobierno de Maduro valoró como un «paso en la dirección correcta» la fijación, mediante el proceso de negociación con el antichavismo, de un procedimiento para la eventual habilitación política de opositores impedidos para ocupar cargos públicos, de cara a las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024.
El jefe de la delegación del Ejecutivo en los diálogos, Jorge Rodríguez, expresó a través de X (antes Twitter) que este procedimiento, dado a conocer por Noruega -país garante en las negociaciones-, ratifica los acuerdos suscritos en Barbados en octubre pasado.
«Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta (…) para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», indicó Rodríguez, también presidente del Parlamento venezolano.
Por su parte el representante de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde dijo: «El Acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales. El precedente con amparo cautelar está en el caso M. Rosales otorgado con la admisión del recurso. Seguimos!».
Según lo acordado por las partes, «cada uno de los interesados» acudirá personalmente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, «acompañada de un amparo cautelar», entre el 1 y el 15 de diciembre.
Luego, la Sala «se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia».
El procedimiento indica que los demandantes se abstendrán de incorporar, tanto en sus alegatos como en declaraciones públicas, «conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado».
Además, cada uno de los solicitantes del levantamiento de las inhabilitaciones se compromete a respetar la Constitución, «honrar y defender la patria», acatar la decisión del TSJ «que emane de este recurso» y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.
El mecanismo se conoce el día en el que finaliza el plazo que la Administración de Joe Biden dio a la administración de Nicolás Maduro para dar pasos hacia la habilitación de antichavistas, entre ellos María Corina Machado, que ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con el 92,35 % de los votos, y funge como favorita en las encuestas, a menos de un año del proceso electoral.
A continuación el comunicado íntegro:
Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República
En el «Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos», suscrito en Barbados el 17 de octubre de 2023, Las Partes, designadas como el «Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela» y la «Plataforma Unitaria de Venezuela», acordaron que:
Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
A los fines de implementar el precitado acuerdo, Las Partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República, a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024 (Los Interesados):
1. Cada uno de Los Interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso-administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos.
2. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
3. En la demanda presentada, y en declaraciones públicas, los Interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
4. Cada uno de Los Interesados asume el compromiso de:
a. Respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
b. Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
c. Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
d. Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
Consideraciones generales:
Este documento complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, suscrito entre las partes.