El salario mínimo en Venezuela, cuyo aumento del 1.757% fue anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro hace medio año, ha perdido desde entonces cerca del 50% de su valor, como resultado de la devaluación de la moneda local -el bolívar- frente al dólar, divisa de referencia para fijar los precios de bienes y servicios.
El incremento, que se hizo efectivo en marzo de este año, supuso pasar el sueldo más bajo -que devengan miles de empleados públicos y pensionistas- de 7 a 130 bolívares, es decir, de 1,60 dólares a 29,68, en un momento en que la tasa oficial de cambio estaba en 4,38 bolívares.
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La devaluación de la moneda local en los 6 meses transcurridos desde entonces llevó a que hoy un dólar cueste 7,96 bolívares, por lo que el salario ha quedado reducido a 16,33 dólares.
A esta pérdida de poder adquisitivo se enfrenta Carlos Garrido, un profesor de matemáticas en una institución pública en Caracas, que lamenta que el gobierno no haya cumplido la promesa de proteger el ingreso de la clase trabajadora.
El «más bajo de Latinoamérica»
«Mientras que el precio del dólar se mantuvo, se podía mantener ese nivel de compra. Ahora, que en las últimas semanas se ha visto vulnerado esa parte (por) el incremento del costo del dólar, pues evidentemente el nivel de compra ha disminuido», dijo a Efe el educador, que da clases particulares para compensar el bajo salario.
Según el profesor universitario y director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Oscar Meza, «no es verdad que se ha logrado un crecimiento orgánico (de la economía) que pueda traducirse en bienestar, por lo menos por la vía del salario», contradiciendo así al Ejecutivo, que presume de una gran mejora económica.
El experto dijo a Efe que este ingreso, además de ser el «más bajo de Latinoamérica», está por debajo del umbral de pobreza extrema por rango de ingresos que establece el Banco Mundial, de 1,90 dólares al día, al ser de 0,54 dólares.
Insuficiente
El incremento supuso una mejora en el poder de compra frente al costo de la canasta básica de alimentos, pero, además de ser insuficiente, se ha reducido en el último semestre.
El Cendas-FVM calcula que, de requerirse 300 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria en febrero, se necesitaron 16 tras el ajuste del ingreso en marzo.
Sin embargo, ya en julio se necesitaban 21,20 salarios para acceder a la canasta, cuyo costo es de 470 dólares para una familia de cinco personas, según la medición del Cendas-FVM, que suple la falta de cifras oficiales. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no actualiza este indicador desde 2014.
De acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, todo trabajador «tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales», es decir, otros gastos básicos además de la alimentación.
En este sentido, según el Cendas-FVM, la canasta básica completa, que incluye otros sectores como salud, educación, servicios, higiene personal, vestido y calzado, se ubica en 1.000 dólares, monto que, afirmó Meza, sería el mínimo ideal para el salario de los trabajadores.
Aseguró que la economía del país, pese a que acumula un año de crecimiento de dos dígitos según el Banco Central (BCV), todavía «no tiene capacidad» para cubrir ese monto, por lo que propone que el salario llegue, por lo menos, a 100 dólares mensuales, costo per cápita para satisfacer las necesidades básicas de alimentación.
Descontento
El descontento de la clase trabajadora, no solo por el bajo salario sino también por desmejoras de sus beneficios laborales, se ha visto reflejado en protestas que organizaciones sindicales han liderado en los últimos meses, con más fuerza desde finales de julio.
«La lucha continúa por un salario acorde con lo que establece la Constitución (…) y lo que estamos percibiendo todos los trabajadores está muy alejado tanto de la canasta básica como de la canasta alimentaria», dijo el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Márquez, en una protesta reciente.
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De las 3.892 manifestaciones contabilizadas por la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el primer semestre del año, 1.642 fueron de trabajadores que exigieron derechos laborales, principalmente un salario digno y suficiente que permita cubrir sus propias necesidades y la de su núcleo familiar.
Solo en la primera semana de agosto, la organización computó, al menos, 96 protestas, la mayoría llevadas a cabo por los trabajadores del sector educativo para exigir el respeto y cumplimiento de su contratación colectiva.